La preocupación principal con relación a estas medidas contra la crisis es que todas implican un creciente déficit en las finanzas públicas y por ende un incremento en el endeudamiento del sector público. Esto es particularmente el caso de EE.UU. e Inglaterra, donde los fondo astronómicos desembolsados para salvar los bancos y otras instituciones financieras implican que el déficit del sector público sobrepasará el 10% del PIB en 2009. También es el caso de por ejemplo Japón e Italia donde los déficit en sí no son tan preocupantes si no fuera por que la deuda pública ya es alarmante (para no mencionar Islandia e Irlanda que son otros 100 pesos). Pero en general, la perspectiva de una creciente deuda gubernamental ha hecho sonar las alarmas en todo lado.
Y con razón. El crecimiento de la deuda pública implica que en el futuro una parte creciente del presupuesto público tendrá que destinarse al servicio de la deuda, particularmente una vez que las tasas de interés vuelvan a su nivel normal (más alto). Significará una presión sobre el gasto público e inevitablemente afectará el gasto social (educación, salud, beneficios sociales). Pondría en tela de duda el llamado “estado de bienestar” en los países desarrollados.
En los años noventa habían ideólogos liberales que se sentían frustrados por la falta de capacidad de los gobiernos de bajar los impuestos y recortar los gastos públicos, aún en el caso de gobiernos de derecha. Ellos argumentaron que se debería bajar los impuestos, aún si no se lograra al mismo tiempo recortar los gastos públicos, ya que los gobiernos aparentemente no tenían el coraje de enfrentar el descontento público que generaría. El resultado sería una creciente deuda pública que al final pondría en evidencia para todos que el estado de bienestar ya no era viable, y se abriría por lo tanto el camino para el desmantelamiento de este monstruo creado por los social-demócratas. La crisis actual tiene el potencial de hacer realidad este anhelo.
Es por lo tanto importante el cómo se construye estos paquetes de medidas contra la crisis. De forma general, se puede escoger entre bajar los impuestos o incrementar las inversiones públicas, pero también hay una tercera opción: subsidiar ciertos tipos de consumo e inversión de parte de privados (por ejemplo el premio que se paga actualmente en varios países a la gente que descartan su vehículo viejo para comprar un nuevo).
La reducción de los impuestos ha sido la opción preferida por la derecha. El argumento es que tiene un impacto inmediato sobre la producción y el empleo y que además evita que el sector público crezca. Aparte de su efectividad limitada en una crisis financiera (mucha gente usará la reducción de impuestos para ahorrar), este camino es peligroso, particularmente si la crisis se prolonga por varios años, como parece ser el caso. Implicaría una creciente deuda pública, y un consumo insostenible basado en préstamos sería simplemente sustituido por un consumo insostenible basado en una reducción de los impuestos.
Es potencialmente una mejor opción aumentar las inversiones públicas. Lo que se debe hacer es adelantar gastos de inversión en infraestructura de años venideros, para que de esta manera la deuda pública sea acompañada de una mejor infraestructura. De esta forma la carga del pago de la deuda tendrá como contrapartida una necesidad menor de inversiones públicas en el futuro, ya que estas inversiones ya se habrían realizado. Por consiguiente, la viabilidad a largo plazo del sector pública no estaría comprometida.
Por supuesto, se necesita tiempo para preparar buenos proyectos de inversión pública, a no ser que los proyectos ya existen y lo único que se necesita es adelantar estos proyectos ya elaborados. Parece ser el caso de China, donde el impacto de un programa gigantesco de inversiones públicas ha sido mucho más contundente y rápido de lo que muchos pesimistas pensaban hace solamente un medio año (incluyendo a mi mismo). Al mismo tiempo la necesidad de inversiones en infraestructura en China es inmensa.
Se menciona muchas veces el riesgo de repetir la mala experiencia de los Japoneses de los años noventa, ya que se afirma que muchas inversiones no tenían sentido (o sea proyectos que no respondían a una necesidad real). El riesgo para muchos países europeos es que los programas de inversiones públicas se reduzcan a la construcción de más autopistas y puentes y de esta forma eternicen un patrón insostenible de consumo.
Además de reparación o renovación de la infraestructura social (más que todo hospitales y escuelas), que por años han sufrido por falta de inversiones en muchos países, el desafío principal para los países desarrollados es un cambio del patrón de producción y uso de energía. Un cambio hacia un patrón sostenible requerirá de enormes inversiones en el futuro. Parte de estas inversiones puede ser adelantada aumentando las inversiones en conservación de energía y desarrollo de fuentes de energía renovables, y de esta forma se puede reducir la carga futuro en este sentido. Algunas inversiones pueden realizarse de forma inmediata, movilizando también capital privado con una mezcla de inversiones públicas e incentivos. El menú de opciones es obvio: actualizar y expandir el sistema de transporte público (China es un ejemplo, aprovechando la crisis adelantando la creación de una red impresionante de ferrocarriles de alta velocidad que la pondrá a la par con Europa Occidental y Japón), incentivos para inversiones en energía renovable, incentivos para mejorar la eficiencia energética de edificios y casas, una mezcla de impuestos y subsidios para mejorar la eficiencia energética del parque vehículo, etc., etc.
Pero por supuesto, es más fácil y políticamente menos controvertido simplemente bajar los impuestos, pagar por vehículos chatarra y tomar otras medidas de corto plazo. Así que posiblemente quedará así. El riesgo es que de esta forma se llevarán en el saco el estado de bienestar.
